Se ha denunciado penalmente el pasado 27 de noviembre la omisión dolosa en que de forma permanente ha incurrido por no tramitar la ejecución de los expedientes de demolición dictados contra varias construcciones e instalaciones en la ribera del río Guadalete.

La Federación Ecologistas en Acción de Cádiz ha presentado la denuncia junto con la documentación justificativa de los hechos, por los actos de permanente omisión del obligado cumplimiento de sus funciones urbanísticas desde las acciones públicas que Ecologistas en Acción interpuso en el año 2016 por estas construcciones ante la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.

Ante el incumplimiento por los infractores de la órdenes de demolición dictadas en 2017 y 2018 por el Ayuntamiento, la Federación ecologista ha requerido en sucesivas ocasiones (intimaciones de 25 de noviembre de 2018, de 11 de noviembre de 2019, de 9 de enero y 24 de abril de 2020) ante la Jefatura de Disciplina Urbanística para que se tramite la ejecución forzosa, imponiéndose las debidas multas coercitivas forzosas en los plazos mensuales preceptuados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En la misma actitud prevaricadora se ha incurrido igualmente de forma dolosa por el Jefe de la Unidad de Disciplina Urbanística al negar de forma reiterada -a pesar de repetidas peticiones escritas y verbales formuladas- el derecho de acceso y vista de tales expedientes, y ello a pesar de acreditarse documental y normativamente que Ecologistas en Acción es titular de derechos subjetivos directamente afectados, entre cuyo fines está la protección y defensa del medio ambiente y ordenación del territorio, así como de la calidad de las aguas y el paisaje.

Esta falta de actuación por parte de la Jefatura de Unidad de Disciplina Urbanística y de la Dirección de Servicio de Ejecución de la Delegación de Urbanismo, respecto a la ejecución forzosa sobre construcciones e instalaciones ejecutadas en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable  especialmente protegido, y la negativa a permitir la vista y examen de tales expedientes vulnera de forma NOTORIA Y MANIFIESTA el ordenamiento jurídico urbanístico a cuyo cumplimiento están obligados los empleados de la Delegación de Urbanismo, tal como se establece en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.

Se está cometiendo una conducta prevaricadora por parte de dichos responsables, y sus actuaciones suponen por omisión un grave daño para la defensa del frágil y deteriorado ecosistema del río Guadalete a su paso por la zona de La Cartuja.

Esta falta de actuación se agrava aún más ante la repetida negativa a permitir a Ecologistas en Acción a ejercer su derecho, en tanto que niegan el acceso a examinar los expedientes administrativos sobre dichas construcciones.